El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado la audiencia pública de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 (ENPE 2025-2030). La Propuesta contiene 12 medidas para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 –la primera elaborada en España– y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.
Como resultado de la aplicación de la vertiente del escudo social y de la apuesta estructural del Gobierno por las renovables y la eficiencia energética, el coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo, y la carga energética por hogar medio –el porcentaje de ingresos destinados a la energía– ha bajado un 3,5 % desde 2018, de 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes. La Propuesta de ENPE 2025-2030 da continuidad a su predecesora, con vocación de consolidar los avances alcanzados, enfocándose en las actuaciones estructurales. Se articula sobre cuatro ejes de actuación: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética.
- El primero de los ejes cuenta la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas.
- El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cinco medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, implantando medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, prohibiendo prácticas como las penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social.
- Entre las cuatro medidas del eje de las condiciones estructurales, se incluyen las actuaciones de rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.
- El ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética, y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria.
Los interesados pueden remitir sus comentarios a la Propuesta hasta el 10 de octubre mediante el apartado abierto a tal efecto.
