El 15 de abril de 2025 el diario de sesiones del Congreso de los Diputados recoge que el Partido Popular ha presentado una ‘Proposición no de Ley para el impulso definitivo al biometano en España’, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El Grupo Popular insta en esta PNL a:
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional para el biometano que fomente la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones (estatal, autonómica y municipal) así como entre las diferentes áreas implicadas, tales como agricultura, medioambiente y energía. Este pacto deberá incluir la elaboración de políticas ambientales de obligado cumplimiento para los desarrolladores de plantas de biometano, abordando aspectos clave como la prevención de emisiones odoríferas, el establecimiento de distancias mínimas respecto de zonas urbanas, criterios de gestión del digestato para maximizar uso de fertilizantes orgánicos, el tráfico asociado al funcionamiento de la planta, la minimización del impacto visual, entre otras.
2. Desarrollar un marco regulatorio unificado para el biometano que proporcione seguridad jurídica, facilitando así la atracción de capital necesario para su desarrollo. Dado que el biometano se sitúa en la intersección de sectores estratégicos como energía, medioambiente, residuos y fertilizantes, resulta fundamental contar con una normativa coherente y específica que regule su desarrollo de manera integral y permita una aplicación homogénea entre territorios. Resulta esencial que esta normativa se encuentre alineada con la normativa europea de aplicación en cada caso.
3. Reducir los plazos de tramitación administrativa y medioambiental para nuevas plantas de biometano, simplificando y armonizando los criterios exigidos por las distintas Comunidades Autónomas. Este objetivo debe alcanzarse mediante la mejora e intensificación de la comunicación y coordinación entre las administraciones, tomando como referencia las buenas prácticas ya implementadas en otros países europeos.
4. Simplificar y priorizar las tramitaciones para la concesión del derecho de acceso y conexión a las redes de distribución y transporte de electricidad y gas de las plantas de biometano, atendiendo a criterios de resiliencia y desarrollo local, admitidos por la UE y regular el flujo inverso en las redes de distribución para fomentar la capilaridad.
5. Establecer un régimen fiscal que fomente el consumo de biometano y contribuya al proceso de descarbonización de la economía. Al igual que ocurre con otras energías renovables, el biometano precisa de incentivos fiscales que le permitan competir en condiciones de igualdad con su alternativa fósil, el gas natural, -o incluso con alternativas de electrificación más costo-eficientes por la necesidad de invertir en equipamiento que no exige el biometano-, en línea con las directrices europeas y las mejores prácticas adoptadas por países de nuestro entorno.
6. Promover la implantación de cuotas de consumo y estímulos a la demanda de biometano en diversos sectores económicos, facilitando así la descarbonización de la economía española. El desarrollo del biometano requiere de señales claras y estables que impulsen la demanda, garantizando un mercado creciente y sostenible para esta fuente de energía renovable. En el transporte, conforme a lo establecido en la Directiva RED III, implementando un sistema de cuotas similar al modelo alemán que fomente el desarrollo de señales de precio. En los demás sectores, añadir cuotas de consumo para el sector industrial y los edificios, de modo que estos puedan alcanzar los objetivos de energía renovable en sus consumos térmicos cuando las alternativas eléctricas no sean factibles técnica o económicamente.
7. Actualización, homogeneización y adaptación de las leyes nacionales de productos fertilizantes (Real Decreto 506/2013) al Reglamento de la UE de Productos fertilizantes 2019/1009. En este sentido, es relevante incentivar el uso de fertilizantes orgánicos frente al uso de soluciones convencionales. La legislación actualmente limita su aplicación, en contraste con unos límites más elevados para los fertilizantes sintéticos. El digestato, una vez tratado, puede ser un fertilizante orgánico que permite corregir desequilibrios minerales en los suelos de uso agrícola, conservar la estructura del suelo y mantener su fertilidad durante más tiempo. Especificar los requisitos necesarios para certificar enmiendas orgánicas y compost como fertilizantes, además de facilitar el uso del agua para el fertirriego, mejorando así la productividad agrícola. Fomentar el uso y financiar la maquinaria necesaria para la aplicación de fertilizantes orgánicos por parte de los agricultores, promoviendo la adopción del cuaderno de campo.
8. Fomentar la captura de CO₂ en las plantas de biometano para generar economía circular que permita la producción de metano sintético (combustible RFNBO) con el CO₂ capturado e hidrógeno verde.»
El Partido Popular justifica en su exposición de motivos para la presentación de la PNL que la transición energética en España se ha centrado principalmente en el desarrollo de energías renovables eléctricas. Sin embargo, este enfoque no aborda la mayoría de las emisiones de CO₂, que provienen del uso de combustibles fósiles en sectores donde la electrificación no es viable. En estos casos, se proponen alternativas como los gases renovables y los combustibles sostenibles, entre los que destaca el biometano, que puede integrarse fácilmente en la red de gas existente sin necesidad de grandes inversiones y contribuir significativamente a la descarbonización y a la economía circular.
Destacan que el biometano fomenta la economía local y mejora la seguridad energética al disminuir la dependencia de importaciones. También que España, pese a contar con un alto potencial de producción, mantiene una implantación muy limitada en comparación con otros países europeos, donde su desarrollo está fuertemente respaldado por marcos normativos como RED II, RED III, y el Paquete sobre el mercado del gas y el hidrógeno, que impulsan su integración como herramienta clave en la transición energética.
Prosiguen que, a pesar del marco europeo favorable, en España el apoyo gubernamental ha sido limitado y el desarrollo del biometano se enfrenta a obstáculos administrativos, regulatorios y económicos. Aunque existen instrumentos como la Hoja de Ruta del Biogás y medidas dentro del PNIEC, consideran que no se ajustan al verdadero potencial del país. La Comisión Europea ha recomendado metas más ambiciosas de producción que las actuales, subrayando el importante papel que España podría desempeñar en la descarbonización mediante este recurso. Sin embargo, con solo 12 plantas operativas y una producción inferior a 0,5 TWh/año, el desarrollo sigue siendo escaso.
Las barreras al despliegue del biometano incluyen procesos administrativos lentos, falta de zonificación estratégica, ausencia de un marco regulatorio específico y carencia de medidas legislativas concretas. A pesar de algunos avances, el Grupo Popular considera que no se han aplicado acciones clave recomendadas por organizaciones como BIP Europe, como declarar estos proyectos de interés público o establecer penalizaciones por demoras administrativas, por lo que plantea 8 acciones para impulsar su producción y consumo.
