La Comisión Europea ha publicado una guía técnica para asistir a los Estados miembros en la elaboración y ejecución de sus planes sociales para el clima, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2023/955 sobre el Fondo Social para el Clima (FSC). Este documento proporciona criterios y herramientas para garantizar que las medidas e inversiones financiadas respeten el principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH, por sus siglas en inglés) a los objetivos medioambientales definidos en el Reglamento de Taxonomía (UE) 2020/852.
El principio DNSH en el FSC se aplica tanto a las actividades y activos especificados en los anexos de la guía como a aquellos no contemplados expresamente. Su aplicación es coherente con los requisitos de la taxonomía de la UE e incluye condiciones específicas detalladas en la guía. Además, no se limita exclusivamente a inversiones, sino que también abarca un conjunto más amplio de medidas de apoyo.
El cumplimiento de la normativa ambiental europea es un requisito esencial para evitar daños significativos al medio ambiente. Para demostrar la conformidad con el principio DNSH, pueden utilizarse herramientas como las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y las evaluaciones estratégicas medioambientales (EEM). El incumplimiento de estas normativas puede conllevar la pérdida de financiación europea. La evaluación de impactos ambientales debe considerar todo el ciclo de vida de una actividad o activo, incluyendo su producción, uso y fase final. Aunque no se exige un análisis completo del ciclo de vida, sí es necesario evaluar sus impactos más relevantes. Por ejemplo, los criterios DNSH establecen requisitos específicos sobre el reciclaje de residuos de construcción y demolición, destacando su impacto ambiental positivo en comparación con alternativas como la incineración o el vertido.
Además, es fundamental considerar tanto los impactos directos, derivados de la ejecución de un proyecto, como los impactos indirectos, que incluyen los efectos previsibles tras su implementación. En el caso de la construcción de edificios, la guía establece una jerarquía de mitigación que prioriza la reducción de la ocupación del suelo, el reciclaje del mismo y el uso de soluciones basadas en la naturaleza.
La guía proporciona herramientas específicas para evaluar medidas e inversiones en el marco del FSC, incluyendo anexos con criterios sectoriales para facilitar la aplicación del principio DNSH. Su objetivo es evitar inversiones que generen una dependencia ambiental negativa o que incumplan los estándares medioambientales de la UE. Respecto a las ayudas estatales, la guía aclara que no sustituye la evaluación de compatibilidad con el mercado interior. Algunas inversiones pueden cumplir con las normas sobre ayudas estatales, pero no necesariamente con el principio DNSH.
El FSC está diseñado para brindar apoyo financiero a hogares vulnerables, microempresas y usuarios del transporte afectados por la inclusión de las emisiones de los edificios y el transporte en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE). Junto con esta guía, la Comisión Europea ha publicado un documento de Orientaciones sobre los planes sociales para el clima, que establece las bases para la aplicación del FSC. Su principal objetivo es garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática, mitigando el impacto social del nuevo RCDE 2.
Además, la Comisión Europea ha publicado un documento de Orientaciones sobre los planes sociales para el clima. Este documento establece las bases para la aplicación del FSC, que tiene como objetivo garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática, mitigando el impacto social del nuevo RCDE 2. En lo que respecta a la eficiencia energética y descarbonización de edificios, se promueven mejoras en eficiencia energética, energías renovables y aislamiento de edificios. También se fomenta la sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración ineficientes y la creación de comunidades de energías renovables.
La promoción de la movilidad limpia es otro ámbito clave, incentivando el acceso a transporte sostenible, el fomento del transporte público y la movilidad compartida. Se proporciona apoyo a entidades para el desarrollo de movilidad sostenible. Se contempla también una ayuda temporal y directa a la renta para asistencia financiera a hogares y usuarios del transporte vulnerables. Esta asistencia tiene carácter transitorio y se eliminará progresivamente conforme avancen las medidas estructurales.
El FSC cuenta con un presupuesto total de hasta 65.000 millones de euros entre 2026 y 2032, con una contribución mínima del 25% por parte de los Estados miembros, lo que movilizará al menos 86.700 millones de euros en total. Su implementación busca garantizar que la transición climática sea equitativa y sostenible, priorizando la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
