El 23 de septiembre se ha reunido la Comisión para emitir el dictamen del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha sido aprobado con 20 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG, con 17 votos en contra de PP y Vox. El texto incorporó 130 enmiendas de los grupos parlamentarios durante la ponencia, a las que se han incorporado 18 de enmiendas transaccionales y 12 enmiendas en sus términos.
Una de las principales novedades del proyecto de ley es el endurecimiento de las obligaciones para las empresas en materia de movilidad laboral, pues deberán elaborar planes de movilidad en un plazo máximo de 24 meses. El umbral de aplicación se reduce a compañías con más de 200 trabajadores o 100 por turno, frente a los 500 y 250 que recogía el texto original, lo que amplía el número de entidades afectadas. Además, se prevén subvenciones específicas para facilitar la puesta en marcha de estos planes.
En cuanto a los objetivos de descarbonización, se refuerza la meta de lograr la neutralidad climática del transporte en 2050. Para ello, el PNIEC incluirá objetivos concretos y cuantificables vinculados al incremento del uso de energías renovables y a la reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector transporte. Se establecen ayudas en los Presupuestos Generales del Estado para la renovación de flotas y se prohíbe al Consejo de Ministros privatizar líneas de transporte público de uso general.
El texto incorpora medidas sobre electrificación y energía alternativa. Se impulsará la electrificación de puertos y el uso de fuentes de energía más limpias en entornos portuarios. A partir de 2025, las grandes instalaciones de suministro de carburantes deberán disponer de equipos de recarga eléctrica de alta potencia, con un plazo de 21 meses para su adaptación. El Gobierno ofrecerá información pública sobre puntos de recarga y precios.
El proyecto de ley incluye incentivos para la renovación del parque automovilístico hacia vehículos de bajas o cero emisiones. Asimismo, se introduce una definición estratégica para las estaciones de recarga ultrarrápida, se eliminan trámites administrativos para ciertas infraestructuras eléctricas, y se avanza hacia la limitación de vuelos cuando existan alternativas ferroviarias de menos de 2,5 horas. También se fomentarán las autopistas ferroviarias y un sistema de bonificaciones en los cánones para el transporte de mercancías durante al menos cinco años.
El texto se elevará al Pleno para que los grupos parlamentarios defiendan sus propuestas y/o pacten nuevos cambios en forma de enmiendas transaccionales. Podemos ya ha mostrado su disconformidad al proyecto de Ley por considerarlo insuficiente en la lucha del cambio climático, lo que arriesga la tramitación de la norma.