El pasado 27 de junio, el Instituto Europeo de Políticas Medioambientales (IEEP) publicó el informe “Addressing Food Waste in the retail sector EU policies, challenges and future research opportunities”, que determina las ineficiencias de la cadena agroalimentaria, propone políticas, retos y líneas de investigación clave en la Unión Europea (UE) para reducir los impactos ocasionados.
La cadena agroalimentaria es uno de los pilares fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, el desperdicio de alimentos alcanza un tercio de la producción total y genera el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad. Para cumplir con el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de aquí a 2030 es necesario un compromiso firme de todos los países de la UE.
Gran parte del desperdicio alimentario tiene lugar en las etapas finales de la cadena de suministro, es decir, en la distribución, venta al por menor y consumo final. Reducir los residuos generados en estas etapas es fundamental para abordar una producción sostenible de alimentos que pueda abastecer a una población creciente, sin afectar la integridad de la biosfera, el uso de la tierra, los flujos del nitrógeno, o el uso de agua.
Los residuos alimentarios no solo generan importantes costes ambientales (mala gestión del agua, erosión del suelo, etc.), sino que también generan costes económicos y sociales. El desperdicio de productos alimentarios se traduce en un mercado ineficiente, con beneficios perdidos y un aumento de precios para todos los actores de la cadena de suministro y consumo.
Los principales retos a los que nos enfrentamos para reducir los residuos alimentarios son la falta de datos acerca de la generación de residuos por comercio y vivienda, las limitaciones tecnológicas existentes para obtener estos datos, la resistencia de los principales grupos de interés y los vertidos ilegales.
Para abordar estos desafíos, el informe identifica varias líneas de acción prioritarias como implantar un mercado de permisos de emisión dirigido a empresas comercializadoras, adoptar prácticas sostenibles, o introducir un sistema de precios unitarios de residuos donde cada hogar deba abonar una tasa en función del peso de sus residuos, aplicando de esta manera el principio de quien contamina paga.
