El Consejo de Ministros ha aprobado la Adenda de Simplificación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de agilizar los procesos de verificación y ejecución, reducir cargas burocráticas, reforzar prioridades estratégicas y optimizar el uso de los recursos disponibles antes de la finalización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, prevista para el 31 de agosto de 2026. La decisión responde a la Comunicación de la Comisión Europea de 4 de junio de 2025, «Next Generation EU – Camino a 2026», que insta a los Estados miembros a revisar sus planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de fondos.
Hasta la fecha, se han asignado más de 80.000 millones de euros a más de 1,3 millones de beneficiarios del sector privado y hogares. Se estima que, en 2031, diez años después de la aprobación del PRTR, el PIB anual se situará hasta 3,4 puntos por encima de su nivel inercial.
Los tres principales objetivos de cara a esta etapa final de los fondos europeos se ven influenciados por el entorno geopolítico y económico. La Adena de simplificación se estructura en torno a tres prioridades:
- Reducir cargas administrativas: Para facilitar la evaluación y verificación, se ha reformulado los hitos y objetivos del Plan, eliminando duplicidades para facilitar su ejecución Se modifican alrededor de 160 medidas, entre otras la eliminación de hitos y objetivos intermedios, o cualquier especificación innecesaria para demostrar el cumplimiento de las medidas de los planes de recuperación.
- Reforzar prioridades estratégicas: Amplía inversiones que han demostrado una elevada ejecución y prioriza ámbitos determinantes para la resiliencia económica, como 2.500 millones adicionales movilizar inversiones vinculadas a la descarbonización o a la transición energética.
- Mantener la ambición del Plan, maximizando el impacto económico con un uso eficiente y responsable de los fondos disponibles: ejecución del 100% de las transferencias (en torno a 80.000 millones de euros), rebajando la previsión de endeudamiento público a cerca de 22.800 millones de euros en préstamos europeos.
Esta Adenda permite asimismo ofrecer financiación a las empresas para desarrollar sus inversiones más allá de 2026, configurando una red de seguridad financiera nacional, con menor carga administrativa y coste financiero equivalente. Para ello, se refuerza el capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en más de 13.000 millones de euros con el objeto de atender a las posibles necesidades de financiación de nuestra economía más allá de 2026. Tras la aprobación de la Adenda, quedarán unos 230 hitos (de transferencias y préstamos) a desarrollar hasta el 31 de agosto de 2026, que supondrán un acceso a nuevos pagos por valor de en torno a 31.000 millones de euros de fondos europeos en 2026.