El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el 23 de septiembre un acuerdo provisional para simplificar el programa InvestEU, con el objetivo de reforzar la competitividad europea y facilitar nuevas inversiones públicas y privadas. La reforma permitirá un mejor apoyo a políticas clave de la Unión, como el Competitiveness Compass, el Clean Industrial Deal, la política industrial de defensa y la movilidad militar, además de reducir la carga administrativa para empresas y Estados miembros.
El pacto incluye un refuerzo financiero sustancial: la garantía de la UE aumentará en 2.900 millones de euros, pasando de 26.200 a 29.100 millones, lo que permitirá movilizar al menos 50.000 millones de euros adicionales en inversiones. Además, se facilitará la combinación de la garantía InvestEU con la capacidad de tres programas preexistentes (el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI), el instrumento de deuda del Connecting Europe Facility y la iniciativa InnovFin del Grupo BEI en apoyo a la investigación e innovación).
El acuerdo también introduce medidas para reducir costes y trámites. Se prevé un ahorro estimado de 350 millones de euros gracias a la simplificación de las obligaciones de los socios ejecutores, intermediarios financieros y beneficiarios finales. Entre los cambios destacan la revisión de la definición de pymes, la reducción de indicadores en operaciones inferiores a 300.000 euros y el paso de informes semestrales a anuales.
Los ministros europeos de Asuntos Europeos y de Industria, Marie Bjerre y Morten Bødskov, destacaron que este acuerdo responde a la necesidad urgente de aumentar las inversiones en Europa y reducir la complejidad normativa, en línea con las conclusiones de los informes Draghi y Letta sobre competitividad. Según subrayaron, se trata de un primer paso para reforzar la capacidad de inversión de la Unión y dar un impulso decisivo a las empresas europeas.
El acuerdo forma parte del paquete legislativo Omnibus II para simplificar programas de inversión de la UE. Ahora deberá ser ratificado formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de su adopción definitiva, en un proceso que las instituciones esperan concluir a lo largo de 2025.