El Comité Económico y Social Europeo (CESE) respalda los objetivos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE como instrumento clave del Pacto Verde Europeo para reducir las emisiones de CO₂ de manera rentable e incentivar la inversión en tecnologías limpias. Sin embargo, advierte que el diseño y la aplicación del sistema deben tener en cuenta sus efectos económicos, sociales y sobre el empleo, pues la carga administrativa y los costes de cumplimiento pueden afectar la competitividad de las empresas europeas, especialmente en sectores expuestos al comercio internacional.
El CESE destaca que el RCDE y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) buscan evitar la fuga de carbono y crear condiciones de competencia equitativas, pero su eficacia depende de la cooperación internacional y de una coordinación con otras regiones. El Comité apoya la simplificación del MAFC para reducir la burocracia y pide evaluaciones económicas rigurosas y periódicas que midan el impacto real del RCDE sobre las empresas y el empleo, especialmente en las pymes.
Uno de los sectores más afectados por la ampliación del RCDE es el transporte marítimo, que afronta un incremento de costes estimado en un 3,7 % en 2024, con tendencia al alza. El CESE alerta de que estas medidas pueden generar desvíos de tráficos hacia puertos no comunitarios, como los del norte de África, y desincentivar inversiones en puertos europeos, lo que perjudicaría a economías insulares y dependientes del transporte marítimo, como Malta, Chipre o Irlanda. Estos efectos podrían agravar los desequilibrios competitivos y afectar al empleo y al desarrollo local.
El CESE insiste en que la descarbonización del transporte marítimo debe abordarse desde un marco global, no regional, y valora positivamente los avances de la Organización Marítima Internacional (OMI) hacia un sistema de emisiones netas nulas. Reclama que cualquier evaluación futura del RCDE tenga en cuenta los impactos económicos y sociales diferenciados por país y sector, garantizando así una transición ecológica justa y equilibrada para toda la Unión Europea.