La consulta pública, abierta por el Gobierno de España, tiene como objetivo adaptar el marco regulatorio nacional a las modificaciones introducidas por dicha directiva europea, orientada a mejorar la configuración del mercado eléctrico de la Unión Europea. Esta normativa surge como respuesta a la crisis energética que comenzó en 2021 y se agravó tras la invasión rusa de Ucrania, que provocó una fuerte escalada de los precios del gas y de la electricidad. La directiva busca fortalecer la protección de los consumidores frente a la volatilidad del mercado mayorista, promoviendo contratos de electricidad a precios fijos, una mayor transparencia y la resiliencia del sistema eléctrico ante crisis energéticas.
Entre las medidas destacadas, la directiva fomenta que los comercializadores eléctricos contraten coberturas adecuadas y se sometan a “test de estrés” financieros para evaluar su solvencia en escenarios de precios elevados. Además, introduce la posibilidad de que los consumidores con varios puntos de medición contraten con múltiples comercializadoras simultáneamente, lo que aumentará la flexibilidad del mercado y la libertad de elección. También reconoce el derecho al consumo compartido de energía renovable, incentivando la cooperación entre consumidores y productores locales, y regula los permisos de acceso flexible para facilitar la conexión de nuevas instalaciones en zonas con capacidad de red limitada, aspecto que España ya está empezando a implementar a través de la CNMC.
La consulta busca recabar la opinión de los agentes del sector sobre cuestiones relativas a la transposición, como la eliminación de barreras a la contratación múltiple, la regulación de los precios fijos, la realización de pruebas de solvencia a las comercializadoras, los límites al consumo compartido y la adecuación de los permisos de acceso flexible. Las respuestas ayudarán a definir el futuro Real Decreto de transposición de la Directiva (UE) 2024/1711, con el fin de garantizar un mercado eléctrico más estable, competitivo y favorable para consumidores y empresas.
El plazo para presentar la documentación estará abierto hasta el 27 de octubre en este enlace.