La Orden actualiza las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a proyectos innovadores orientados a la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Se persigue consolidar un instrumento de apoyo a iniciativas innovadoras que fortalezcan la cohesión social y económica en áreas rurales con riesgo demográfico.
Los proyectos deberán desarrollarse principalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes, en localidades con densidad inferior a 100 hab/km² o en áreas funcionales no urbanas de menos de 15.000 habitantes. Los beneficiarios incluyen entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y pequeñas y medianas empresas, autónomos o entidades de economía social. La financiación alcanza hasta el 90 % del gasto subvencionable en el caso de entidades locales y sin ánimo de lucro, y hasta el 70 % en proyectos empresariales. La concesión se rige por concurrencia competitiva, evaluándose la calidad y viabilidad de la propuesta, su carácter innovador, la repercusión supramunicipal, la cooperación entre entidades, la alineación con estrategias territoriales y su impacto en la lucha contra la despoblación. También se valoran los efectos sobre la igualdad de género, la inclusión de colectivos vulnerables, la sostenibilidad ambiental, así como la capacidad del proyecto de difundirse y replicarse en otros territorios.
La orden detalla un amplio catálogo de tipologías de proyectos financiables, entre las que se incluyen mejora de la eficiencia en la prestación de servicios en entornos de baja demanda; impulso a la industria, comercio local y emprendimiento innovador; movilidad sostenible; medio ambiente y cambio climático; gestión forestal sostenible y bioeconomía; agricultura, ganadería y relevo generacional, etc. La línea de energía respalda actividades de optimización de la producción o el consumo energético, con el fin de mejorar la habitabilidad, dinamizar la actividad económica local y fomentar la creación de empleo en zonas rurales. También se contemplan proyectos de recuperación en zonas afectadas por incendios o catástrofes, así como otras iniciativas de innovación territorial alineadas con los objetivos de la política contra la despoblación.
La orden ha entrado en vigor desde el día siguiente a su publicación en el BOE el 3 de octubre.