La Ley 24/2013 de 26 de diciembre obliga a los titulares de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica a someter sus planes de inversión a la aprobación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dicho procedimiento fue desarrollado reglamentariamente mediante los Reales Decretos 1047/2013 y 1048/2013, que establecieron la metodología para calcular la retribución de las actividades de transporte y distribución, fijando además límites máximos de inversión anual en función del PIB: 0,065 % para transporte y 0,13 % para distribución, con un aumento temporal aprobado por el Real Decreto-ley 23/2020 durante el trienio 2020-2022 debido a la pandemia.
Estos reales decretos fijan los límites de inversión y regulan el procedimiento de presentación y aprobación de los planes, así como la supervisión de su cumplimiento. Más de una década después de su aprobación, el sector eléctrico se encuentra en plena transformación por la transición energética, marcada por el despliegue de renovables, la electrificación de la economía, nuevos combustibles y modelos de negocio vinculados a recursos distribuidos. Esto hace necesario actualizar el marco reglamentario para adaptarlo al nuevo contexto y a la experiencia acumulada en su aplicación.
Por ello, se ha sometido a audiencia e información pública un proyecto de real decreto que establece un nuevo marco regulador sobre los volúmenes de inversión en redes eléctricas y el procedimiento de presentación de planes por parte de las empresas transportistas y distribuidoras, incluyendo mecanismos de control, seguimiento y su publicidad.
El plazo para presentar documentación estará abierto hasta el 6 de octubre en este enlace.
