La política actual muestra reticencias a la implementación del Pacto Verde Europeo: perspectivas futuras inciertas

El futuro del Pacto Verde se sigue de cerca tras las elecciones europeas de 2024, y todo apunta en la actualidad a que se está dando un ritmo desacelerado hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos para 2030 y 2050. Destacan los retrasos de la mayoría de los Estados miembros en la aplicación de la legislación aprobada durante el mandato anterior, que van desde la presentación de Planes Nacionales de Energía y Clima, hasta la reforma del mercado de la electricidad de 2019; y el Reglamento de reparto del esfuerzo.

Por parte del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE, Demócrata-Cristianos), su grupo más numeroso, está ultimando su proyecto de prioridades para la próxima Comisión Europea, sugiriendo propuestas menos ambiciosas sobre la acción por el clima y la protección de la biodiversidad, incluida la reconsideración de la prohibición de los motores de combustión para 2035 y el ajuste de las normas sobre deforestación.

En relación a los PNEC revisados, solo cinco países de la UE (Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Italia), cumplieron el plazo establecido del 30 de junio, en un contexto en el que ya en diciembre de 2023 la Comisión Europea advertía que los objetivos fijados en muchos proyectos de planes nacionales de energía y aire eran insuficientes; e instaba a intensificar los esfuerzos para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles.

Sobre el Reglamento de reparto del esfuerzo, se establecen objetivos precisos de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 para que cada Estado miembro logre una reducción global del 40% con respecto a los niveles de 2005. A pesar de las disposiciones, se espera que muchos países no alcancen sus objetivos, produciéndose llamamientos para que se revisen las normas.

Frente a esta situación, es probable que la Comisión Europea solicite «planes de acción correctiva» a los Estados miembros en los próximos meses. En otras ocasiones, la Comisión inició procedimientos de infracción contra 21 Estados miembros por no transponer las disposiciones de la reforma del mercado de la electricidad de 2019 a la legislación nacional antes de la fecha límite de 2020.

Sin embargo, la reticencia a aplicar las políticas clave del Pacto Verde Europeo puede extenderse aún más, ya que las elecciones podrían dar lugar a cambios a nivel del Consejo, pudiendo afectar negativamente a las agendas climáticas. El próximo mandato es crucial para avanzar en los objetivos climáticos de la UE, lo que requiere un fuerte liderazgo. Las indicaciones iniciales del PPE, sugieren diversos enfoques que podrían influir en las políticas climáticas. Este panorama cambiante podría afectar al liderazgo de la candidata a presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Por último, las discusiones en el Parlamento sobre la posible división de la Comisión de Medio Ambiente y Salud han suscitado preocupación entre los grupos de izquierda, temiendo que la división pueda obstaculizar la legislación relacionada con la contaminación.

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