Este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados la enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario VOX el 15 de octubre, con relación al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCDE).
El Grupo Parlamentario VOX considera que la carga financiera de estas medidas y la deslocalización de la producción hacia países con estándares ambientales inferiores afecta a la competitividad de las empresas, minimizan el crecimiento económico y ponen en riesgo empleos en sectores clave.
En el texto presentado señalan que esta modificación legislativa “surge como consecuencia de la transposición de dos directivas de fecha 10 de mayo de 2023, que forman parte del paquete de medidas Objetivo 55 (Fit for 55) enmarcado en el Pacto Verde Europeo, que establece un objetivo más ambicioso, a la par que irreal, orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en al menos un 55% para el año 2030, en comparación con los niveles de 1990”. Aseguran que el RCDE tiene especiales consecuencias en la competitividad de empresas en sectores industriales intensivos en energía, como la siderurgia, el cemento, la química o el papel. Justifican que, al incrementarse los costes de producción y el precio final de los productos, supone una desventaja frente a compañías de países extracomunitarios y un riesgo de deslocalización de empresas hacia regiones con regulaciones medioambientales más flexibles.
Exponen que el RCDE está sujeto a la volatilidad del mercado, lo que crea incertidumbre en los precios del carbono, dificulta la planificación empresarial a largo plazo y frena la inversión en industrias españolas y europeas. Además, defienden que el hecho de que los derechos de emisión puedan comprarse y venderse puede interpretarse como una forma de mercantilización del medio ambiente que permite a las empresas con mayores recursos seguir contaminando si pueden permitirse adquirir estos derechos. A su vez sostienen que existe una falta de consideración de las circunstancias propias de cada país, a nivel económico o energético, en el diseño del RCDE.
El Congreso de los Diputados rechazó esta enmienda a la totalidad con 33 votos a favor, 174 votos en contra y 136 abstenciones del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, que votó en contra junto con el Grupo Parlamentario SUMAR, manifestó que la propuesta de derogación dejaría a España “fuera de la legislación europea», expuesta a una multa millonaria y sería un paso atrás en el “progreso verde” y la seguridad jurídica de las empresas.
