El Consejo de Ministros ha acordado ayer, 11 de junio, enviar al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva el proyecto de ley por el que se actualiza el régimen de comercio de derechos de emisiones de CO2 en España para adaptarlo a las modificaciones que se han efectuado en el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se aplica en la Unión Europea.
Según ha explicado en rueda de prensa Teresa Ribera, vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este proyecto de ley supondrá trasponer dos directivas europeas aprobadas el año pasado para ampliar y reformar el mercado de carbono europeo. El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea determina un máximo de emisiones para cada sector industrial y comercial que contemplan. Las dos directivas forman parte del paquete de medidas de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático (Fit for 55) y pretenden la eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos para las empresas desde 2026 hasta 2034.
Con su actualización, habrá un nuevo régimen para el combustible para el transporte por carretera y los edificios, que establecerá un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores en 2027 (en 2028 si los precios de la energía se encarecen excepcionalmente). Por primera vez, se incluirán en el sistema de comercio de derechos de emisión las procedentes del transporte marítimo, con obligaciones para las empresas navieras que tendrán que entregar derechos de emisión, que se introducirán gradualmente: 40% para las emisiones verificadas a partir de 2024, 70% a partir de 2025 y 100% a partir de 2026. La ministra ha incidido en que, según lo acordado en la Unión Europea, las obligaciones “no se dirigen a usuarios y consumidores finales, sino a las empresas que venden los combustibles”.
Se eliminarán gradualmente los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación y se implementará la subasta completa a partir de 2026. Hasta el 31 de diciembre de 2030, se reservarán 20 millones de derechos de emisión para incentivar la transición de los operadores de aeronaves desde el uso de combustibles fósiles.
Por otra parte, se añade la asignación gratuita de derechos de emisión a tecnologías limpias y que, según ha declarado la ministra, se consideran relevantes para transformar el sistema energético, por lo que se requiere incentivarlo para “que estén cada vez más presentes, como la producción de hidrógeno verde”.
Nuevo Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la Unión Europea
Según ha explicado la vicepresidente Ribera, una de las novedades es que la Unión Europea introduce reglas para el nuevo Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la Unión Europea, es decir, una tasa que gravará las importaciones de productos fabricados fuera de la Unión Europea si no operan en mercados de carbono similares. La ministra considera que es una de las “maneras más efectivas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea”, puesto que se pone cierto coto a bienes que no hayan sido producidos teniendo en cuenta la prioridad de limitar emisiones. Esta medida tiene el objetivo de incentivar a países fuera de la Unión Europea a que aumenten sus objetivos climáticos y también supone un sistema de protección que no dañe la competitividad de la industria europea.
Los bienes a los que afecta este mecanismo son el acero, el cemento, el hierro, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno, además de las emisiones indirectas bajo ciertas condiciones, lo que supone que los importadores de estos bienes tendrán la obligación de pagar la diferencia entre el precio del carbono en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en la Unión Europea. La medida se introducirá gradualmente desde 2026 hasta 2034, al mismo ritmo que se eliminarán los derechos de emisión gratuitos.
Teresa Ribera ha expuesto que estas medidas buscan adecuar las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad, con el fin de conseguir que sus emisiones estén un 62% por debajo en 2030 de lo que estaban en el año 2005 (el objetivo inicial de minimizar las emisiones estaba en un 55 % en 2030).
