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El PP presenta una PNL para que en crisis se reduzca el IVA de la energía y materias primas de explotaciones agrarias

El PP registró el 5 de julio una proposición de ley en el Congreso que pide que, en caso de crisis, se aplique el tipo mínimo de IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Defienden que esta ley tiene por objeto dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que contribuyan a garantizar su carácter estratégico esencial, capaz de garantizar el suministro y la seguridad alimentaria a la población española, en especial en situaciones de crisis, y, por tanto, contribuir a los retos de sostenibilidad y la garantía de rentabilidad y futuro de sus explotaciones y empresas.

Proponen como medidas en materia tributaria que, cuando se detecte la situación de crisis y mientras permanezca el riesgo de cese de actividad por pérdida de rentabilidad derivado del exceso de coste de producción, se aplicará del tipo mínimo permitido del Impuesto sobre el Valor Añadido a la energía y a las compras realizadas por los productores de aquellos productos que se utilizan en las actividades agrícolas, ganaderas o forestales como inputs agrarios y materias primas.

El PP manifiesta que la Comisión Europea ha planteado la necesidad de reducir el IVA de los alimentos para asegurar su acceso a toda la población a precios razonables, sin que genere un perjuicio en quienes los producen, transforman o comercializan. Además, encuentran oportuno la concesión de ayudas estatales de «mínimis», o subvenciones de bajo importe, destinadas a las explotaciones de aquellos sectores que se encuentren en situación de crisis y vean en riesgo su continuidad en el ciclo de producción.

El Grupo Parlamentario Popular considera que la globalización de los mercados agrarios y la apertura del mercado europeo suponen un riesgo para la sostenibilidad de zonas de cultivo tradicionales, así que proponen definir un sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales. A su vez, plantean que el seguro agrario combinado incorpore la posibilidad de cubrir nuevos riesgos derivados de la variabilidad de los mercados.

Asimismo, sugieren modificar el artículo 27.3 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para ajustar el tratamiento que debe darse a los residuos vegetales al criterio general establecido en la ley para el conjunto de residuos, quedando así redactado:

Los residuos vegetales generados en el entorno agrícola o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley de acuerdo con el artículo 3.2.e), deberán gestionarse conforme a lo previsto en esta ley, en especial en lo relativo a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8.1, priorizando, en todo caso, su reciclado mediante tratamiento biológico de la materia orgánica, pudiendo aplicarse una diferente priorización en caso de presentarse las circunstancias previstas en el mencionado artículo 8.1

 No obstante, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, no será de aplicación dicha jerarquía y podrá procederse a la quema de dichos residuos vegetales cuando se cuente con la correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario y cuando su control no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, debiendo motivarse adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas o enfermedades, bien con el objeto de prevenir los incendios. Quedaran también exoneradas de la aplicación de dicha jerarquía las pequeñas y las micro explotaciones agrarias, en virtud de lo indicado en la letra C de la parte 2 del anexo III y el considerando 22, de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

De acuerdo con el considerando 23, de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, y atendiendo a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, para facilitar la aplicación de la anterior jerarquía de residuos las autoridades competentes desarrollaran los instrumentos económicos adecuados para permitir a las explotaciones la adopción de las medidas necesarias para el adecuado tratamiento de los residuos vegetales.

El Partido Popular también propone que se impulsen estudios que den acceso a los agricultores y ganaderos al mercado de carbono, para que obtengan compensaciones por la captura y almacenamiento de carbono en tierras y cultivos. Además, defienden la necesidad de adaptar el sector agrario a las nuevas regulaciones ambientales, en particular a la Ley de Restauración de la Naturaleza, para encontrar un equilibrio entre la conservación ambiental y las necesidades productivas del sector agrario.

 

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