EurObserv’ER ha publicado la 22ª edición de su informe anual ‘El estado de las energías renovables en Europa’, documento que ofrece una visión global de la dimensión energética de todos los sectores renovables industrialmente desarrollados en la Unión Europea a partir de los datos oficiales obtenidos por Eurostat entre 2021 y 2022.
Según el informe, a finales de 2022, casi una cuarta parte del consumo final de energía en la Unión Europea fue renovable (23%), cifra que debe crecer exponencialmente para alcanzar el nuevo objetivo del 42,5% fijado por la RED III para finales de 2030. España, con un 22,1%, se mantiene en línea con la UE, aunque lejos de los países que ocupan las primeras posiciones, como Suecia (66%) o Finlandia (47,9%).
Entre los indicadores energéticos más relevantes, destaca la cuota de renovables en el consumo bruto de electricidad —del 41,2% en 2022—; y la cuota renovable en el consumo de calefacción y refrigeración, del 24,8%. En el caso de España, la cuota de renovables en el consumo bruto de electricidad en 2022 fue del 50,9% (frente al 46% de 2021).
De los 1.155 TWh de electricidad renovable que se produjeron en 2022, 166,4 TWh fueron de biomasa, quedando como el cuarto sector renovable por detrás de la energía eólica (438,8 TWh), la hidráulica (345,3 TWh) y la fotovoltaica (210,3 TWh).
En el apartado dedicado a los indicadores socioeconómicos se estima que el empleo total directo e indirecto de los sectores renovables alcanzó en 2022 los 1,69 millones de trabajadores a tiempo completo, un 15% más que en 2021, con el sector de las bombas de calor en cabeza con 416.200 empleados a tiempo completo.
Por su parte, la actividad económica en torno a las energías renovables en 2021 se estima en 210 000 millones de euros (+ 13% respecto a 2021).
Por último, en cuanto al uso de combustibles fósiles y gastos evitados, el informe destaca que, en 2022, el uso de energías renovables sustituyó 192 Mtep de combustibles fósiles en comparación con el nivel de uso de energías renovables en 2005. Estas cifras corresponden a un coste anual evitado de 220.000 millones de euros para la UE27.
